La Fiscalía no abrió por oficio la investigación a la ministra de las TIC, sino que lo hizo a petición de un veedor de Cartagena, quien descubrió con sorpresa que el encargado de investigarla es el mismo que el fiscal Barbosa nombró para ignorar los cargos de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe.

La ministra tiene un abogado en el proceso, pero éste, en teoría, no actúa en defensa de ella porque es su despacho el representado como víctima en el proceso. El veedor sostiene que ella debe ser investigada como autora de varios delitos.