Por orden presidencial, de ahora en adelante, el conteo de asesinatos de líderes sociales en el país sólo será hecho por la Fiscalía General de la Nación.

Con esta decisión se elimina en la práctica el trabajo de la Oficina de la Delegada en Colombia de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachellet, y de la Defensoría del Pueblo.