Decreto presidencial de militarización de parte del país, criticado por incumplir estándar de DD.HH.

El decreto presidencial mediante el cual se militarizan 8 departamentos y 13 ciudades despertó preocupación inmediata en organismos nacionales e internacionales de derechos humanos porque no se contempla la vía del diálogo ni se establecen normas de uso proporcional de la fuerza.