Dos de los tres cargos por los que la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación contra el Odebrecht, el Grupo Aval y once de sus funcionarios ya están prescritos y, aunque pudieran probarse, ya no pueden ser sancionados.

Así lo dice el informe de conclusión final de la SIC que tiene que decidir las sanciones sobre una investigación que el hoy presidente Iván Duque pidió cuando era senador.