Los expertos en derechos humanos, en cambio, creen que el propósito de la iniciativa presidencial es negar los derechos a la protesta, que en nada afectará a ésta, pero que en cambio le darían apoyo de la extrema derecha en las próximas elecciones.
Hace diez años, en 2011, la Ley de Seguridad Ciudadana tipificó las conductas que pretende abarca el proyecto, como son la obstrucción de vías, la perturbación al transporte y la violencia contra servidores públicos.
