Una sección del Consejo de Estado les dio la razón a jóvenes de Cali que interpusieron una tutela, para defender su derecho a la protesta, y suspendió por tiempo indefinido el decreto en que Duque militarizó trece municipios y ocho departamentos.
Tres magistrados a favor y uno en contra decidieron proteger, no sólo el derecho a manifestarse públicamente, sino también el derecho a la vida de los jóvenes de Cali, mientras el propio Consejo de Estado toma una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto que podría se inconstitucional.
