Los accionantes de las tutelas que concluyeron con órdenes perentorias al gobierno para que garantice la protesta y la vida de quienes ejercen ese derecho, dicen que en vez de ofrecer garantías el borrador del gobierno pretende negarlas.

El protocolo del gobierno se metió hasta con la ropa que los manifestantes debían usar para ejercer sus derechos y pretende limitar la protesta a la capacidad económica de sus promotores, lo cual resulta contrario a la constitución