La alcaldía de Bogotá piensa que en vez de garantizar los derechos a la protesta, el nuevo protocolo pretende entregar las funciones del alcalde a la Policía y pasa por alto los protocolos que ya están establecidos en la ciudad.

El secretario de gobierno le pidió al tribunal que prolongue el plazo otorgado al gobierno para que éste tenga tiempo de estudiar el tema y cumplir su orden sin ideas que, como la que ya entregaron, resultan negando los derechos que nos otorga la Constitución Nacional.