A pesar de que en la época de elecciones hay una parálisis contractual por ley, la Función Pública descubrió que ésta no disminuyó, sino que se incrementó entre junio y octubre pasados con más de 100 mil contratos por 4 billones de pesos.
Según las cuentas de la Función Pública y la Auditoría General de la Nación, en su mayoría eran contratos de prestación de servicios y en su mayor parte se ejecutaron en Cundinamarca, Huila y Boyacá.
