La fundación que le cobró al Chocó, que por cierto no tiene UCI en su hospital y ocho pacientes confirmados, dos mil millones por charlas sobre el Covid-19, es gemela de otra de larga tradición contractual en los canales de la corrupción de ese departamento.

No sólo tiene contratos sino que su representante le cobra mensualmente 160 mil pesos al gobierno central porque el registro del SISBEN la tiene registrada como persona vulnerable.