En vez de eliminar los cargos que tenían para inhabilitar a candidatos, sin estar investidos de autoridad judicial, la Procuraduría optó por aumentar su nómina, en época electoral, con 1.200 cargos.
La
Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Colombia adecuarse a
los estándares y calificó esta reforma como un incumplimiento de la
sentencia por parte del gobierno y la Procuraduría.
