Los informes de investigación de la ADRES y la Fiscalía referidos por el Ministerio de Salud en su alegato ante la Corte Suprema no fueron suficientes para que los magistrados le pudieran atribuir a la corrupción el cálculo de la UPC, pero el ministerio aún no crea la comisión que le pidieron para hacer las cuentas claras y públicas.
