Después de siete años de ser entregado el escrito de acusación en su contra por la Fiscalía, se realizó audiencia de juicio en contra de la excontralora general de la república. A ella se le investiga por celebración de contratos sin requisitos legales debido a que firmó dos de arrendamiento para sedes de esa entidad de un altísimo costo para la época: un cánon de 2.700 millones de pesos por mes.
