Los tres organismos que vigilan la contratación del Estado, desde el punto de vista penal, disciplinario y fiscal, se unieron para investigar, de manera más eficiente y rápida, a quienes están intentando robar los dineros de la emergencia sanitaria.

Hay miles de contratos locales y regionales en manos de los investigadores de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, para examinar su legalidad y transparencia, pero ya hay casos de evidente corrupción.