La sentencia que pretendía dar claridad sobre la función jurisdiccional de la fiscalía sobre funcionarios de elección popular no logró su cometido, pues una vez narrada por otros medios, la Corte tuvo que salir a aclararla, mediante un comunicado.
Aún para los juristas más expertos la sentencia evitó pronunciarse de fondo sobre la reforma que la procuradora Cabello hizo para poder seguir sancionándolos a pesar de que la Convención Interamericana de Derechos Humanos se lo prohíbe, según uno de ellos, para pagar favores políticos a los magistrados.
