Frente a la Justicia Especial de Paz, el gobierno Duque no sólo se ha caracterizado por pedir resultados, sino también por atacar su autonomía a través de la repartición presupuestal.

El presidente Duque lleva dos años de intentos por reducir el presupuesto de la JEP, que hoy funciona con un déficit en su presupuesto para la protección de víctimas y declarantes.