Los clientes de un restaurante del norte de Bogotá notaron, el pasado 10 de diciembre, la presencia del candidato a Fiscal General, Camilo Gómez Alzate a la hora del almuerzo. Le tomaron esta foto con quien era su compañera de mesa y la enviaron a Noticias Uno. La sorpresa ocurrió cuando, examinando en detalle las imágenes, identificamos a la otra comensal. Se trataba de María Paulina Riveros, exvicefiscal general quien renunció a su alto cargo al tiempo con su jefe, Néstor Humberto Martínez, en mayo de este año y en medio de convulsionadas noticias de cuestionamiento a la gestión de los dos exfuncionarios.

En el restaurante, quienes reconocieron al candidato a Fiscal General y a la exvicefiscal general, se preguntaban cuáles serían los motivos de la reunión en momentos en que el primero puede estar interesado en conocer la experiencia de la segunda.

Pocos días después se supo que Gómez y Riveros estaban concretando un contrato de asesoría externa para la exfuncionaria de la fiscalía, con la Agencia Jurídica de Defensa del Estado para representar a Colombia ante la Corte Penal Internacional por graves casos de violación de derechos humanos que tienen al país en la mira de los jueces de ese tribunal internacional.

Aunque la señora Riveros tiene experiencia en el tema de derechos humanos, la selección de su nombre para tarea de tan alta representatividad oficial no deja de tener un sabor a mermelada con el equipo directivo de la fiscalía general anterior que tantas coincidencias políticas tuvo con el gobierno Duque y con el senador Uribe.